Las estadísticas de seguridad digital en México han encendido todas las alarmas en el sector público y privado. Con más de 58,000 millones de intentos de ciberataques registrados en el último balance anual, el país se disputa con Brasil el epicentro de mayor asedio cibernético de toda América Latina. Grupos transnacionales de crimen informático han sofisticado sus tácticas mediante el uso de inteligencia artificial generativa, creando campañas de phishing hiperpersonalizadas y variantes de ransomware capaces de vulnerar infraestructuras críticas en cuestión de minutos.

Ransomware contra dependencias y cadenas de suministro

El impacto ha dejado de ser meramente financiero para convertirse en una amenaza de estabilidad operativa. Hospitales, fiscalías estatales, organismos operadores de agua potable y empresas logísticas ligadas al comercio transfronterizo han enfrentado secuestros masivos de bases de datos. Los rescates exigidos en criptomonedas y las filtraciones en foros de la dark web han expuesto la histórica desatención en actualización de parches y la falta de protocolos de respaldo inmutable en los tres órdenes de gobierno.

La creación de la ATDT y el apremio legislativo del T-MEC

En respuesta a esta coyuntura crítica, el Congreso de la Unión ha reactivado el dictamen de la Ley General de Ciberseguridad, impulsada para cumplir con los estándares de resiliencia del Capítulo 19 del T-MEC. Paralelamente, la entrada en funciones de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) busca centralizar la compra de software seguro, auditar los sistemas de la Administración Pública Federal y conformar el primer Equipo Nacional de Respuesta a Incidentes (CERT) con capacidad de respuesta en tiempo real.